RETENCIONES: efectos de la inadmisión de aplazamientos


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10/02/2014  -  RETENCIONES: efectos de la inadmisión de aplazamientos


Según la Instrucción 6/2013, del Departamento de Recaudación de la AEAT que te adjunto, y tras la modificación del artículo 65.2 de la Ley General Tributaria (LGT) por la Ley 7/2012, que declara la inadmisibilidad de las solicitudes de aplazamiento, entre otras, de las deudas “correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria”, la AEAT, en general, está inadmitiendo estas solicitudes de aplazamiento, lo que supone el inicio del período ejecutivo. Esto se está aplicando así en base a lo dispuesto en el artículo 47.3 del Reglamento General de Recaudación (RGR), precepto en el que se establece que la inadmisión de una solicitud de aplazamiento implica que se tenga por no presentada.

Por lo tanto, los contribuyentes que habiendo solicitado aplazamiento de una deuda por retenciones se les inadmite, se encuentran con que, en función del artículo 161.1 de la LGT, para dicha deuda se inicia el período ejecutivo y se devengan los recargos del mismo regulados en el artículo 28 del mismo texto legal.

A partir de ese momento si antes de la notificación del recargo de apremio se paga, el recargo será del 5%, después de la notificación de la providencia el recargo será ya del 10% (recargo de apremio reducido) si se pagan deuda y recargo antes de que finalice el plazo previsto en el artículo 62.5, y del 20% (recargo de apremio ordinario) más intereses de demora si se satisface la deuda después.

Desde luego, aparte de que la medida no nos parezca conveniente por motivos económicos, y más en la situación que atraviesamos, consideramos desafortunada la redacción de la norma y su interpretación (artículo 65.2 de la LGT) al declarar la inadmisibilidad de la solicitud de aplazamiento de unas deudas tributarias por inaplazables (las de retenciones) cuando el mismo precepto contiene una excepción a dicha inaplazabilidad, los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria, esto es, los del artículo 82.2.b) de la LGT, “cuando el obligado tributario carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo o de la actividad económica respetiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.”

No obstante, todo esto parece bastante discutible y, desde luego, contra la inadmisión de la solicitud de aplazamiento se pueden presentar recurso o reclamación económico-administrativa según el artículo 47.4 del RGR.






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