LEY 7 2012 LUCHA CONTRA EL FRAUDE


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25/04/2013  -  LEY 7 2012 LUCHA CONTRA EL FRAUDE


La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece importantes normas que nos afectan no sólo en el ámbito de nuestra actividad económica sino también, a nivel particular.


1º.- Obligación de información de bienes y derechos situados en el extranjero,

Se establece una nueva obligación de información de bienes y derechos situados en el extranjero, que se tendrá que presentar ya en 2013 con respecto a los bienes y derechos de los que seamos titulares en 2012. A esta obligación se ligan fuertes sanciones.

Para ello, Hacienda deberá establecer un nuevo formulario y, por cada dato incorrecto, se impondrá una sanción de 5.000 euros.

En relación a la anterior obligación, se modifican el artículo 39 de la ley reguladora del IRPF y el 134 del Texto Refundido de la que regula el Impuesto sobre Sociedades para considerar ganancias de patrimonio no justificadas o renta no declarada, respectivamente en ambos impuestos, al descubrimiento de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido con la obligación de informar según lo previsto en el párrafo anterior y, lo que es más importante, sin que la demostración de que se adquirieron en periodo prescrito pueda impedir que se impute su valor de adquisición al último periodo entre los no prescritos para el contribuyente.

Solo en el caso de que se demuestre que los bienes o derechos se adquirieron con rentas declaradas, o con las obtenidas en un periodo impositivo en el que no fuera sujeto pasivo de estos impuestos, se evitará la liquidación administrativa. Esto equivale a una declaración de imprescriptibilidad.

Si un contribuyente abrió una cuenta en Suiza con renta no declarada de un millón de euros en 2004 -ejercicio que ya está prescrito- Hacienda, con la legislación actual, solo puede reclamar los intereses logrados por esta cuenta en los últimos cuatro años, pero no el capital total.

Con el cambio normativo, resulta indiferente que el dinero evadido y situado en el extranjero se haya producido en un periodo impositivo ya prescrito. Siguiendo con el ejemplo propuesto, el contribuyente que evadió un millón de euros en 2004, deberá tributar por todo ese patrimonio al tipo marginal del IRPF, es decir, al 52% en la mayoría de comunidades. En Cataluña, el gravamen asciende al 56%. Eso implica pagar entre 520.000 euros y 560.000 euros. A este importe deben sumarse los intereses de demora y la sanción, que puede ascender al 150% de la cuota a pagar. Esta medida parece diseñada para animar a los contribuyentes a acogerse a la amnistía fiscal, que concluye el 30 de noviembre.


2º.- Limitación a los pagos en efectivo.

Limitación, con carácter general, a los pagos en efectivo correspondientes a operaciones a partir de 2.500 euros cuando en las mismas al menos una de las partes es un empresario o profesional.
Es decir, la venta de una vivienda de un particular a otro no estará sujeta a este límite. La medida persigue poner coto al tradicional con IVA o sin IVA y lograr que siempre exista un rastro en la operaciones comerciales superiores a 2.500 euros.

En caso de incumplir la normativa, Hacienda entenderá que el infractor es tanto el que paga como el que recibe el dinero y, las dos partes responderán "de forma solidaria" a la sanción, que ascenderá al 25% del importe de la operación realizada en efectivo.

Un ejemplo: un contribuyente hace obras en su casa y paga 3.000 euros en efectivo a un fontanero. Si Hacienda descubre la operación, la sanción será el 25% de 3.000 euros (750 euros). La Agencia Tributaria podrá dirigirse contra cualquiera de las partes para cobrar la sanción o exigir que el particular y el profesional abonen a medias la multa.

Existe una forma de librarse de la sanción y es convertirse en un chivato. La nueva ley contempla que si una de las partes de una operación que incumple ese límite de 2.500 euros, denuncia el hecho a la Agencia Tributaria antes de los tres meses siguientes al pago en efectivo, quedará exonerado de cualquier responsabilidad. Hacienda logra con esta medida generar intranquilidad entre los contribuyentes, que pueden tener la tentación de denunciar antes que lo haga la otra parte. Es un dilema clásico de la teoría de juegos.
Esta limitación no entra en vigor inmediatamente, sino a los 20 días de la publicación de la ley.


3º.- Reforma de módulos.

La reforma del sistema de módulos es, probablemente, la medida más celebrada por los inspectores de Hacienda, que llevan años denunciando que este régimen fiscal es un "un nido de facturas falsas".

El sistema de módulos permite a los pequeños empresarios y profesionales tributar en función de variables objetivas como el número de empleados, los metros cuadrados del negocio o el consumo eléctrico. Es decir, su factura fiscal resulta independiente de sus beneficios o ventas. ¿Y por qué ello puede generar un fraude? El caso típico funciona así: un contribuyente en módulos emite facturas falsas a otro empresario que tributa en función de sus beneficios.

Para el modulero, elevar de forma ficticia su facturación no le supone pagar más impuestos y, en cambio, el empresario que recibe la factura falsa puede elevar su capítulo de gastos y, por lo tanto, reducir sus beneficios para pagar menos.

Precisamente por esto, el cambio normativo consiste en que se excluyen del régimen de estimación objetiva en el IRPF y, por lo tanto, del régimen simplificado de IVA (módulos) a las actividades respecto de las que se establece obligación de retener sobre los rendimientos íntegros de las mismas y cuyos epígrafes son los previstos en el artículo 95.6.2.º del Reglamento del IRPF, cuando los rendimientos íntegros de las mismas, en el año anterior, que proceda de personas físicas empresarios o profesionales o de entidades superen determinados parámetros: empresarios que facturen más del 50% de sus operaciones a otros empresarios y su volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros. En cualquier caso, la prohibición de tributar por módulos afectará a profesionales con rendimientos que superen los 225.000 euros, con independencia de que la mayoría de sus clientes sean particulares o empresarios.

Las actividades sujetas por estas limitaciones son la carpintería, la fabricación de artículos de ferretería, la confección, la industria del mueble de madera, la impresión de textos, la albañilería, la fontanería o la pintura, entre otros, y se excluyen las actividades clasificadas en el IAE en el apartado 7. Transportes y comunicaciones


4º.- Más y nuevas sanciones.

Es uno de los puntos que más han criticado organizaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).
La nueva norma despliega una pléyade de medidas aplicables a los procesos concursales, modificaciones en la regulación de la responsabilidad tributaria, reforzamiento de la posibilidad de adoptar medidas cautelares, establecimiento de nuevas sanciones o incremento de las existentes, aclaración en determinados supuestos del cómputo de los plazos de prescripción y, en definitiva, todo lo orientado al aseguramiento de la recaudación de las deudas tributarias.

Por ejemplo, el contribuyente que presente una declaración en papel cuando esté obligado a remitirla por vía telemática será sancionado con 1.500 euros. Los profesionales aseguran que muchas veces los empresarios incumplen la obligación de presentar la declaración por vía telemática por errores en la web de la Agencia Tributaria.

Por otra parte, Aedaf denuncia que "la multa por no atender el primer requerimiento de la Administración o por no aportar la información requerida en el plazo concedido será de 1.000 euros para los particulares y de, como mínimo, 3.000 euros para los empresarios, profesionales o sociedades".

La sanción puede llegar a 600.000 euros. Por otra parte, la nueva normativa también refuerza la figura del inspector de Hacienda en la medida en que se contemplan sanciones de entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes particulares que son objeto de una inspección y no colaboran con los funcionarios de Hacienda. En el caso de empresarios, las multas pueden llegar a un máximo de 600.000 euros

La entrada en vigor de estas modificaciones se ha producido el dia 31 de octubre, con la excepción ya mencionada para la limitación de pagos en efectivo y con la nueva restricción a la aplicación del régimen de módulos (en 2013)





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